UN NUEVO DELITO POR TIPIFICAR, LESA LINGÜINIS

UN NUEVO DELITO POR TIPIFICAR:

CONTRA EL BUEN USO DEL LENGUAJE CASTELLANO

Hace algún tiempo leí un artículo que en su momento me pareció una exagerada y extremista proposición respecto a las sanciones que deberían tener aquellos autores de libros, artículos, columnas y demás elementos literarios que se difunden por distintos medios. Decía ese artículo que a cada autor de aquellos textos que contuvieran errores de ortografía o signación debería aplicárseles sanciones que irían desde una multa en algunas monedas hasta penas de cárcel muy severas.

Casi 20 años después de haber ingresado de lleno al mundo editorial y de verme visto obligado (más bien con beneplácito antes que con resistencia) a aprender un poco más de nuestro florido y rico idioma, casi estoy no sólo por suscribir las notas del artículo en mención sino además por proponer una modificatoria al Código Penal en el cual se incluya una norma para quienes osaran cometer el delito de “contra el buen uso del lenguaje castellano”, que –quiérase o no– con las modificaciones dialécticas del caso, es el que usamos en casi toda Latinoamérica, porque… cómo es posible que alguien que se precia de buen verso y mejor dicción, de gran conocimiento de los temas de su especialidad, o de la realidad nacional, o de la sociología, sicología, o la ciencia y un larguísimo etcétera, no se detenga un momento en revisar sus escritos y corregirlos, consultar un diccionario ante dudas ortográficas o solicitar el consejo de aquellos quienes saben mejor del modo correcto de escribir (dentro de los cuales me excluyo, ciertamente, por incapacidad)?

¿O es que el hecho que conozcan y dominen el tema de su materia les releva de la responsabilidad de manejar bien el idioma?

Digo esto, porque intentando ser un estudioso de temas legales, en especial de derecho ambiental –que saben que es a lo que está dirigida esta columna– suelo consultar con algunos textos nacionales y otros tantos extranjeros, y la verdad pierdo a veces el entusiasmo por la lectura y desvío mi interés del tema en consulta, abrumado por la cantidad inexcusable de errores ortográficos y el pésimo uso de la signación, especialmente en los textos peruanos.

Hoy, por ejemplo, leo el libro “Código Procesal Penal. Manuales Operativos” que publica la Academia de la Magistratura del Perú bajo el ISBN 978-9972-779-27-5. Y no saben cómo me ha brotado la urticaria de apreciar tantos, pero tantos errores ortográficos y de signación provenientes de preclaros juristas que se supone son de las autoridades mayores de nuestra juricidad, con sendas hojas de vida que hablan de sus capacidades profesionales indiscutibles. Pero, ¿y dónde quedaron sus habilidades idiomáticas? ¿O es que mientras más aprendemos de un tema del saber humano, menos aprendemos del manejo de nuestro idioma?

Les pongo sólo 10 (sólo 10!) ejemplos extraídos de dicho libro:

1. Página 20, párrafo quinto: (…) quedando solo el 10% de los delitos (…).

Ese “sólo” debe ir con tilde en la primera “o”, pues se refiere a “solamente” (regla general de uso de la “o” en palabra grave).

2. Misma hoja y párrafo: (…) sujetos al tramite ordinario.

Ese “trámite” es con tilde en la “a”, por ser palabra esdrújula.

3. (Página 29, último párrafo): (…) tengan que cumplirse en publico."

La comilla ( " ) es antes del punto y no después. ¿Es que se olvidó la regla por la cual se entiende que la oración termina en un punto? Reitero, la oración termina en punto; punto seguido, o punto aparte o punto final, dependiendo del tipo de oración. Jamás termina en comilla o en número súper índice (de los que se usan en llamadas para los pies de página). Se excluye el punto cuando se termina en interrogación (?) o admiración (!). Y además la “u” de “público” va atildada, pues es palabra esdrújula.

4. (Página 54, literal 5.): (…) Para Auxiliares Jurisdiccionales."

Nuevamente el mismo error de las comillas luego del punto, pero con el añadido que tales comillas no tiene su correspondiente apertura (“ ”) en el texto.

5. (Misma página, literal 12.): (…) Y qué diré?.

El punto después de la interrogación está demás, según se tiene dicho.

6. (Misma página, mismo literal): Titulo Original (…)

La “i” de “título” lleva tilde por ser palabra esdrújula.

7. (Página 58, tercer párrafo): (…) es Abogado (…)

La “a” de “abogado” va en minúscula, pues, siendo un sustantivo común, por regla general no puede ir en mayúsculas.

8. (Página 64, primer párrafo): (…) doble instancia.⁴⁵ Por (…)

El ⁴⁵ debe estar antes del punto; del modo que está mencionado parece que inicia la nueva oración después del punto final y, de ser así, tampoco cumpliría las normas.

9. (Página 66, pie de página 53): (...) 286 – 287

Toda oración, incluidos los pies de página, deben terminar en punto.

Basta con estos ejemplos. Y debemos recordar que el libro es responsabilidad de la Academia de la Magistratura del Perú, un órgano jerárquico por excelencia en la política de la administración de justicia en el país, ¡nada menos!

Esto me recuerda dos experiencias que viví en los inicios de mi carrera profesional como abogado; entonces desempeñaba funciones en el Ministerio Público de mi ciudad y tenía a mi cargo revisar las denuncias que se presentaban en mi fiscalía y darles el trámite correspondiente. Ello era para mí una pesadilla, pues no sólo no podía entender lo que los abogados de los usuarios querían decir con un lenguaje bastante inintelegible, sino que además me llenaba de arrugas el ver tantas agresiones al lenguaje y el idioma a través de interminables errores ortográficos y de signación. Así que, de mi parte y sin ninguna orden superior, me tomé al atrevimiento de –mientras leía las denuncias o los escritos– ir corrigiendo groseramente los errores con un plumón grueso de color rojo, de tal manera que en más de una ocasión, las hojas parecían tintadas en sangre derramada sobre ellas.

Obviamente, más de un abogado se escandalizó y no faltó quien recurriera en queja a la Fiscalía de Control Interno protestando por el hecho, que bien reconozco fue un exceso de mi parte. Como era de esperarse, la fiscalía a cargo, cuyo nombre del fiscal no revelaré, me sancionó con una multa económica y una severa llamada de atención por semejante atrevimiento mío.

Semanas después, fue ese mismo fiscal quien indignado por “el mal uso del español”, como lo dijo en el memorando que cursó a todas las oficinas, amenazó con severas sanciones al funcionario que osara volver a escribir la palabra “avocarse” con “v” dentilabial. Obvio que muchos reprobamos el documento, pero nadie hizo nada formal y quisimos dejar la “patinada” del fiscal en el olvido. Pero fiel a mis ímpetus de chiquillo, peleador acérrimo con quienes usan mal el lenguaje, amplié varias veces una fotocopia extraída del “Diccionario de Lengua Española” y una noche antes de retirarme de mis oficinas, las pegué en todos los periódicos murales de la Fiscalía; en la copia se daba cuenta del porqué “avocarse” se debe escribir con “v” dentilabial. Al día siguiente el fiscal, luego de leer una de las vitrinas, estalló en ira, ordenó despegar todos los carteles –que ya habían leído todos los trabajadores y muchos usuarios, quienes habían soltado sonoras carcajadas– y ordenó una inmediata investigación para sancionar al responsable de menuda afrenta. Nuevamente, nadie dijo nada y el tema pasó al olvido. Claro que nunca el fiscal se retractó de memorando anterior… y nunca confesé mi afrenta ni me declaré culpable.

¡Y todo por no saber usar bien el idioma!

¿Así queremos leyes buenas y justas cuando no sabemos expresar bien qué queremos decir?

¿Así esperamos fallos correctos, cuando a los magistrados –muchos de los cuales evidencian limitaciones en el dominio del idioma– les presentan normas que ni los mismos autores saben entender y que por ello, sumados ambos factores, muchas veces se dan sentencias que no tienen ni pies ni cabeza?

Y no se diga que la responsabilidad es de la editorial o de la imprenta. Con los adelantos informáticos en pleno siglo XXI, basta con que el autor lleve su CD, su UBS o envíe el texto por correo electrónico para que el editor diseñe y luego ordene la impresión de la obra, conteniendo el 100% de lo que se escribió sin aumentar ni disminuir una sola letra, punto o coma. Es decir, la responsabilidad es plena de quien escribió y no, como antes –que en el traslado de las hojas escritas a máquina o manuscritas a los tipos de imprenta para la impresión– se podían cometer varios errores. Eso no pasa más el día de hoy.

Así que, finalmente, señores magistrados, fiscales, abogados… Por favor, apiádense de quienes nos gusta leer, que gracias también a ustedes seguimos siendo cada vez menos. ¡Escriban bien! O mejor aún, si van a escribir mal y mutilar, destrozar, humillar, denigrar, insultar, ofender y hasta escupir el idioma… ¡no escriban más!